El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, afirmó que la suspensión del Plan B, que ordenó al dar entrada a la controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE), tuvo como fin preservar el sistema democrático.
En el acuerdo de la suspensión, publicado en los estrados del máximo tribunal, el ministro señala que la reforma a las leyes electorales planteada supone suprimir varias áreas y recortar personal del INE, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de su función.
“…El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral. Como ya se dijo, el decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando”, señala el documento.
Explica que, de no otorgarse la suspensión, se podrían concretar los ajustes planteados, por lo que, afirma, era preciso otorgar la medida cautelar contra la totalidad del decreto impugnado.
“De no concederse la suspensión, el instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”, añade.
