La Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció este jueves su decisión de no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos, el exsecretario de Defensa extraditado desde EE.UU. tras ser detenido por supuesto tráfico de drogas.
Un comunicado de la FGR señaló que no encontraron pruebas de que Cienfuegos tuviera relación con el grupo delictivo H-2, tal y como lo había acusado EE.UU.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó este viernes la actuación de la Fiscalía y aseguró que la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) «fabricó» la acusación contra el general «sin sustento, sin pruebas».
Sin embargo, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, afirmó que la investigación sobre el caso no ha terminado. Hay «otros elementos importantes que se deben investigar», dijo.
El Departamento de Justicia de EE.UU. informó por su parte que se reservará el derecho de reiniciar el proceso judicial contra Cienfuegos si el gobierno mexicano no lo hace.
Cienfuegos, secretario de Defensa durante la presidencia de Enrique Peña Nietoy el militar de más alto rango jamás arrestado por narcotráfico, fue extraditado a México en noviembre pasado tras permanecer más de un mes detenido en EE.UU.
Según documentos judiciales, los fiscales estadounidenses se referían a Cienfuegos como «el Padrino» para reflejar su posición en la cúspide de una pirámide que incluía las fuerzas armadas, el gobierno mexicano y el «extremadamente violento» cartel de drogas H2.
EE.UU. acusaba al general Cienfuegos de usar su alta posición para ofrecer una protección única al cartel, alertándoles sobre operaciones militares contra ellos y dirigiendo el ejército y sus recursos contra otros rivales.
El general siempre negó todos los cargos.
«No se encontró prueba alguna»
La extradición a México fue anunciada en su día mediante un comunicado conjunto del Departamento de Justicia de EE.UU. y la FGR «para que pudiera ser juzgado en su país de origen».
En la comunicación de entonces, se señaló que la FGR recibió del Departamento de Justicia «evidencia en este caso» en cientos de páginas.
Pero en el comunicado de este jueves, la FGR afirmó que no hay pruebas de Cienfuegos tuviera vínculos con el H–2.
«Y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos», señaló la nota.
«Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso», agregó.
«Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público».
«Nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción. Pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera», declaró López Obrador este viernes.
«Con lo que proporcionó EE.UU. no hay manera de vincular a Cienfuegos, es más, ni siquiera en México lo hubieran podido detener de acuerdo a la ley vigente», agregó el canciller Ebrard.
El presidente remarcó que habrá «transparencia plena» en el caso para evitar críticas y dio orden de hacer público el expediente del caso.
Operación «unilateral»
Uno de los aspectos más cuestionados del caso de Cienfuegos fue que su arresto no fue producto de una operación conjunta entre México y EE.UU.
Los oficiales de DEA recelaban tanto de que se filtrara la operación que el gobierno mexicano solo se enteró cuando Cienfuegos fue detenido al llegar a Los Ángeles con su familia.
Y eso no estuvo exento de polémica. Su arresto causó un terremoto político entre los dos países, cuya tensión diplomática podría aumentar tras la última decisión de la Fiscalía.
El comunicado de la FGR de este jueves, de hecho, dedicó sus primeros párrafos a destacar que la investigación de la DEA «se inició sin el conocimiento ni la colaboración» de las autoridades mexicanas.
«México tenía todo el derecho y EE.UU. la obligación de haber compartido esta información y no lo hizo, y eso es un antes y un después», volvió a criticar el canciller mexicano este viernes.
Aseguró que México debía tener la información ya que son elementos «que ponen en peligro o pueden poner en peligro a toda la estrategia y la seguridad» en el país.
La decisión de la Fiscalía coincidió con la publicación este jueves de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de México para limitar el trabajo de los agentes de seguridad extranjeros como la propia DEA en territorio mexicano.
