El subsecretario de Gobernación aseguró que se debe tener mano dura para erradicar la tortura en nuestro país
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que no se puede andar con “medias tintas” para erradicar el problema de la tortura en el país y señaló un trabajo ineficiente por parte de la autoridad judicial.
“Hay mucha ineficiencia en lo que es la impartición de justicia, no solamente burocracia, en el tiempo que toman las resoluciones, muchos intereses cruzados, sino que no se apega la autoridad a los propios protocolos que la ley establece para acreditar delitos como el de la tortura”, dijo el funcionario.
En la Conferencia Mañanera, el funcionario detalló tres casos emblemáticos de tortura: el de Israel Vallarta, Brenda Quevedo Cruz y María Isabel San Agustín, pues tienen un componente similar, ya que dan cuenta de la actuación de la autoridad judicial que tiene que procurar la justicia en el país.
En el caso Vallarta, añadió que lleva 16 años en reclusión sin sentencia, cuando la Constitución dice que el plazo mínimo para emitirla es de dos años y recordó que hay una recomendación, emitida en abril por parte de la CNDH en la que se establecen violaciones al debido proceso y la comisión de tortura del señor Vallarta durante su detención.
Sobre Brenda Quevedo Cruz, ella ha denunciado que ha sido objeto de tortura, tanto en el penal de Santiaguito como a las Islas Marías y, en esta caso, hay una practica de dilación de la autoridad judicial, para la aplicación del Protocolo de Estambul, según palabras del funcionario.
“Ella lo ha solicitado recurrentemente, sin embargo, siempre se pospone por distintas causas burocráticas, alegando el problema de la pandemia de Covid-19, pero aquí también existe una recomendación del 2 de octubre de 2020, del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde se exige la liberación inmediata de esta persona y garantizar una investigación independiente”, reiteró.
En el caso de María Isabel San Agustín, detenida en la alcaldía de Milpa Alta, desde 2013 tiene una sentencia de 65 años, vinculada con el delito de secuestro. En el 2018, la Procuraduría General de Justicia del DF ordenó la reposición del proceso para que se le aplicará el protocolo de Estambul, el cual se aplicó y resultó positivo de tortura, pero el problema es burocrático, pues la perito no se ha presentado para ratificar los resultados.
Alejandro Encinas consideró que cualquiera persona que haya sido objeto de tortura, debe obtener su libertad. “Ésta es una de las practicas más degradantes de acción del Estado contra la dignidad y el derecho de las personas”, remató.
Fuente: El Heraldo
