Encerrados en un centro de detención, varios migrantes se acercan a las rejas mientras el fuego crece y el humo se esparce. Los guardias del Instituto Nacional de Migración (INM) caminan de un lado a otro y no abren la puerta de la celda, saturada con alrededor de 70 personas, para que puedan salvar la vida. El saldo preliminar de la peor tragedia migratoria que se recuerde en una instalación gubernamental de México es de 38 muertos y decenas de heridos. Al tiempo que la indignación y la vergüenza recorren el país, todas las dudas convergen en una pregunta: ¿Quién asume la responsabilidad tras lo sucedido en Ciudad Juárez? ¿Quién responde por el hacinamiento, las malas condiciones de estos espacios, la inacción de las autoridades inmediatas, las violaciones a los derechos humanos, la política para contener el éxodo desde Centroamérica? El incendio ha revelado las fisuras del sistema migratorio mexicano y ha provocado una fractura entre la Secretaría de Gobernación de Adán Augusto López y la cartera de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Marcelo Ebrard; dos de los principales aspirantes de Morena para contender por la presidencia en 2024.
A unas horas de la tragedia, López se deslindó y dijo que no tenía nada qué responder sobre el tema. El secretario declaró que, aunque el INM depende de Gobernación, él no es el encargado del sistema migratorio y señaló a Ebrard como el máximo responsable de rendir cuentas sobre lo sucedido. La cartera que registra las detenciones y deportaciones de extranjeros, que paga los sueldos de los agentes migratorios y que rubrica cada comunicado con el membrete de la Secretaría dice que no tiene nada que ver. Ese membrete está en el letrero sobre la puerta de entrada del centro de detención, como se muestra en los videos que han publicado los medios locales e internacionales. “Es Marcelo el encargado”, zanjó el operador político de Andrés Manuel López Obrador en una entrevista con Joaquín López Dóriga en la que también insistió en sus aspiraciones políticas. “Voy a ser presidente”.
Ebrard se concentró en informar que se había puesto en contacto con sus homólogos de Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia, El Salvador y Ecuador, y se abstuvo de engancharse con los reclamos de López hasta entrada la noche del martes. “Dejo cualquier consideración de índole política para otros momentos. Cada cual debe hacer lo que le corresponde en esta hora”, respondió el canciller, sin decir nombres. “La SRE ha solicitado a la Secretaría de Gobernación y al INAMI la información necesaria para compartirla con los países hermanos mencionados”, agregó.
“Es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así”, contestó este miércoles López Obrador al ser cuestionado por el choque entre el responsable de la política interna y el de la política exterior. En medio del pleito, el presidente dijo que instruyó a Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, a informar sobre los avances de las investigaciones y aclarar la tragedia.
La falta de comunicación ha provocado una cascada de comunicados de distintas dependencias y confusión sobre el saldo de víctimas del incendio. “Nos han dado cuatro cifras distintas”, se escucha decir a un reportero en la conferencia del presidente. El mandatario dijo que quienes tenían la última palabra eran la Fiscalía General de la República (FGR), al frente de las pesquisas; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para dar cuenta de los abusos cometido, y el Poder Judicial, para decidir sobre la culpabilidad de los responsables. También pidió al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que se apersone y apoye las investigaciones de la Fiscalía estatal de Chihuahua.
La clave de la pugna entre Ebrard y López está en un decreto presidencial de septiembre de 2019. En junio de ese año, Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, amenazó con una guerra arancelaria si México no endurecía su política migratoria y se convertía en un dique para el flujo de personas desde Centroamérica. El secretario de Exteriores fue el enviado del Gobierno mexicano para apagar la crisis y se llegó a un acuerdo de último momento para calmar los reclamos de Trump. El decreto creó de forma transitoria una Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria, presidida por el canciller o, en su caso, por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga. López se escuda en ese documento para argumentar que el último responsable es su compañero de Gabinete.
La Comisión, vigente hasta el 30 de noviembre de 2024 (el penúltimo día del Gobierno de López Obrador), tiene como tareas principales la coordinación de la política migratoria; establecer las acciones prioritarias para cumplir con esa estrategia; dar seguimiento a sus resultados, y supervisar la respuesta interinstitucional, ya sea entre Secretarías o con Gobiernos estatales y municipales. Está compuesta por las carteras de Gobernación, SRE, Seguridad, Hacienda, Bienestar, Salud, Trabajo y Turismo, así como por otras ocho instancias, entre ellas el Instituto Nacional de Migración.
Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores recuerdan que, según la Constitución y la Ley de Migración, la principal autoridad migratoria es Gobernación y que el decreto no releva a la Secretaría de esas responsabilidades. “La Comisión funge como una instancia coordinadora de los programas y acciones de las autoridades mexicanas con competencia en materia migratoria, pero de ninguna manera suple o asume las facultades principales de dichas autoridades”, aseguran.
Las presiones de Trump tuvieron repercusiones directas sobre el terreno en México. Tonatiuh Guillén presentó su renuncia como director del INM una semana después de que se anunció el acuerdo. En su lugar, llegó Francisco Garduño, que hasta ese momento se encargaba de la red de cárceles y de los programas de reinserción en el país. La Guardia Nacional, creada ese mismo año como un cuerpo de corte militar, entró de lleno a la contención y persecución de migrantes sin papeles.
A partir del año pasado, la Guardia Nacional dejó de estar ligada a la Secretaría de Seguridad y pasó a depender permanentemente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los cambios se interpretaron como una prueba de que la promesa de una política migratoria “humanista y apegada a los derechos humanos” había quedado sepultada y que la militarización de las tareas de Seguridad Pública había alcanzado a la gestión de la migración. México cerró 2019 con 182.940 detenciones de migrantes, según datos de Gobernación. En 2022 hubo 444.439 personas detenidas, un máximo histórico. Y mientras están detenidos es el Estado mexicano quien responde por sus vidas.
López Obrador criticó a quienes piden la renuncia de Garduño, uno de sus hombres de confianza, tras la tragedia. “Eso lo vamos a resolver a partir de la investigación. Lo que ustedes quisieran es que se actuara de manera sumaria y tenemos que conocer realmente lo que sucedió”, reviró. Cuestionado por la falta de información, el presidente culpó a la prensa de “amarillismo” y los llamó “zopilotes [buitres]”. Un día antes también insinuó que los migrantes fueron los responsables de iniciar el incendio tras enterarse de que iban a ser deportados. Nada se habló, ni el martes ni el miércoles, de las responsabilidades de las autoridades. “De ninguna manera, vamos a ocultar nada”, dijo el presidente, esta vez más cauto y pidiendo al público que espere a los resultados de las investigaciones de la FGR. Las pesquisas han arrojado que los guardias eran apoyados por empleados de seguridad de una empresa privada.
Francisco Garduño compartió un comunicado en el que se “condenaban enérgicamente” los hechos y después guardó silencio. Adán Augusto López se rehúsa a pagar los costos políticos, aun cuando el incendio fue en instalaciones que dependen del INM y ante la mirada de empleados que no hicieron nada para evitar lo sucedido, según las imágenes que se han dado a conocer. Marcelo Ebrard, el encargado de lidiar con las presiones de Estados Unidos y coordinar la política migratoria en este Gobierno, insiste en que él no va a asumir los errores que se cometieron por corporaciones que no dependen de su Secretaría. Luis Cresencio Sandoval, el secretario de Defensa, no ha hablado sobre el papel de la Guardia Nacional. La FGR de Gertz Manero se enfrenta a su enésima prueba para entregar resultados y se comprometió a hacer pública “de inmediato” toda la información “que pueda ser divulgada”. Rosa Icela Rodríguez ha sido llamada a ampliar la información de un asunto que se ha convertido en una papa caliente. “Estamos juntos todos”, dijo el presidente.
