El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha instado a México a abandonar “de inmediato” el enfoque de militarización de la seguridad pública en el país. El grupo de expertos independientes que visitó México en noviembre ha señalado este martes que la estrategia implementada desde los años noventa y aún vigente ha sido “insuficiente e inadecuada” para la protección de los derechos humanos. “Las recientes reformas normativas no escapan a esta tendencia”, ha indicado la presidenta del comité, Carmen Rosa Villa Quintana, en una conferencia de prensa virtual desde Ginebra (Suiza). El informe presentado resalta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 162 recomendaciones a las secretarías de la Defensa (Sedena) y la Marina por violaciones graves a los derechos humanos; 15 estaban relacionadas con desapariciones forzadas.
“La permanente participación de la Fuerza Armada” en las labores de seguridad pública en México “permite poner en duda” su respeto a “los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana”, señala el informe. La Sedena y la Marina se encuentran entre las cinco autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de acuerdo con el informe, y la Sedena y la Guardia Nacional figuran entre las diez autoridades señaladas con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos. Ante esta situación, Villa Quintana ha señalado la necesidad de “fortalecer a las fuerzas civiles del orden” y de poner en marcha un plan de retiro “ordenado, inmediato y verificable” de los militares de las tareas de seguridad pública.
La estrategia de militarización se fomentó especialmente a partir del sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012), que sacó el Ejército a la calle para combatir a los cárteles. La conocida como guerra contra el narcotráfico ha continuado desde entonces. La modalidad no cambió con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador (Morena), quien había prometido cambiarla. En 2019, sin embargo, el presidente creó la Guardia Nacional como una institución policial de carácter civil que en la práctica es un cuerpo militar: de sus 101.182 integrantes, el 58% provienen del Ejército y 16% el de la Marina; solo un tercio perteneció a la antigua Policía Federal. Un año después, López Obrador publicó un acuerdo presidencial que ordenaba a la Fuerzas Armadas permanecer en las funciones de seguridad. Las desapariciones crecieron durante este período de forma exponencial. Más del 98% de las observadas en el informe sucedieron entre 2006 y 2021.
El documento señala que los datos “evidencian la estrecha relación entre el incremento de las desapariciones” y la estrategia implementada en el Gobierno de Calderón. Cuando el comité estuvo en México, entre el 15 y el 26 de noviembre, había 95.121 personas registradas como desaparecidas desde 1964. 112 desapariciones sucedieron durante la visita de los expertos independientes, que recorrieron 13 Estados y se entrevistaron con autoridades federales y estatales, comisiones de búsqueda, familiares de víctimas, funcionarios, organizaciones de derechos civiles, además de asistir a exhumaciones, jornadas de rastreo y a prisiones. Se trató de la primera visita del organismo, que desde 2013 había intentado participar en los procesos de búsqueda sin el respaldo de los gobiernos. En los últimos dos años, según los datos oficiales a los que accedieron, “se ha producido una reducción en el número de personas desaparecidas”. “No obstante, las desapariciones frecuentemente se reportan entre uno y dos años después de superpetración”, avisa el análisis difundido este martes.
Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. La delincuencia organizada, además, se ha convertido en “un perpetrador central” de desapariciones, “con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”. “Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, ha comentado Villa Quintana. Aunque los desaparecidos siguen siendo sobre todo hombres de entre 15 y 40 años, las cifras oficiales muestran un aumento “notable” de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, de adolescentes y de mujeres. “Se trataría de desapariciones que tendrían como objeto ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual”, ha aclarado Villa Quintana.
Alerta por “la impunidad casi absoluta”
Solo entre el 2% y el 6% de las desapariciones habían sido judicializados hasta el 26 de noviembre de 2021, según las indagaciones del comité de expertos, y solo se habían emitido 36 sentencias en todo el país. A ello, señala el informe, se suma la actitud, “pasiva muchas veces”, de las instituciones judiciales, lo que provoca “falta de confianza” de las víctimas y resulta en un “alto número” de casos no reportados. “La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas”, ha dicho Villa Quintana. El comité ha considerado que la lucha contra esta falta de investigación y condenas es “impostergable”.
A las desapariciones se suma otra problemática, que es la crisis forense. Según datos públicos, más de 52.000 personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense. “Según varios expertos entrevistados”, apunta el documento, “en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos”. Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran casi el 72% de los cuerpos no identificados. Los servicios forenses, señala el informe, son “insuficientes” y la situación se agrava porque los instrumentos previstos en la ley no han sido establecidos. Recientemente, el Gobierno ha propuesto crear un centro de identificación humana para atender la crisis.
Aunque se han establecido “múltiples proyectos y políticas públicas para afrontar las desapariciones” a lo largo de los años, la falta de coordinación entre las diferentes instituciones y actores, el presupuesto reducido con el que operan las comisiones de búsqueda y la falta de personal evita frenar el fenómeno, de acuerdo con el informe. Por eso, el comité ha instado al Gobierno a adoptar de forma “urgente” una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones que involucre a las autoridades federales, estatales, municipales, a los órganos autónomos, a las víctimas y a los colectivos que las representan, que combata las causas de las desapariciones forzadas y apunte a su no repetición. “Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional”, ha apuntado Villa Quintana.
Un llamado a fortalecer el Mecanismo de Protección para periodistas
Los expertos de la ONU han considerado “preocupante” la desapariciónde más de 30 periodistas entre 2003 y 2021. Ninguno ha sido localizado, según advierte el informe, y las investigaciones o sanciones a los responsables “no han tenido avances”. El asesinato de ocho reporteros en los primeros tres meses del año ha llevado los ataques contra la prensa en México y el contexto de precariedad en el que trabajan los comunicadoes al ámbito internacional, desde donde diferentes organismos y gobiernos han reclamado a López Obrador que atienda e investigue estos atentados. El comité de Naciones Unidas que visitó el país en noviembre también ha mostrado su “preocupación” por la desaparición de defensores de derechos humanos en el territorio, para quienes “las agresiones son una realidad constante”, y ha llamado a fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y los mecanismos federales y estatales de protección de víctimas.
