Las consecuencias, como vemos en Perú, en Brasil y en Ecuador, terminan siendo terribles para todos, pero sobre todo para el país.
Perú se ha convertido en el peor escenario de la judicialización de la política, con consecuencias institucionales y de gobernabilidad cada día más graves. Esta semana fue destituido por el Congreso, el presidente Martín Vizcarra, alegando “incapacidad moral permanente”. Lo sustituye Manuel Merino, un político muy poco conocido, impulsado por los hermanos Ollanta y Antauro Humala, el primero expresidente, actualmente procesado por corrupción, luego de pasar un tiempo en la cárcel, y el segundo, un exmilitar preso por intentar un golpe de Estado.
Lo ridículo es que el Congreso, según la población, es considerado el órgano más corrupto de Perú y, actualmente, 68 legisladores de todos los partidos están procesados por distintos delitos, aunque ninguno de ellos ha renunciado a su cargo. La judicialización de la política comenzó en Perú con una acción que tenía toda la razón de ser: la destitución en el 2000 de Alberto Fujimori, acusado de una interminable lista de delitos y violaciones a los derechos humanos. Pero a partir de allí, denunciar y hacer detener a un político o un funcionario de alto nivel se convirtió en el principal método de lucha para hacerse con el poder o quitárselo a unos adversarios.
En apenas 20 años, presidentes y expresidentes de todas las tendencias políticas han terminado detenidos y uno de ellos, incluso se suicidó: Fujimori lleva ya trece años en prisión. Su sucesor, Alejandro Toledo, está prófugo en Estados Unidos, a la espera de su extradición.Alan Garcia se suicidó para no ser encarcelado. Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, el primero un exmilitar cercano a Hugo Chávez, el segundo un economista liberal, están, los dos, procesados y acusados de corrupción, luego de pasar una temporada en prisión.
Vizcarra, un presidente respetado, pero débil, fue el vicepresidente de Kuczynski y quien lo reemplazó en el cargo cuando lo destituyeron, pero la llegada este año de un nuevo Congreso paralizó al gobierno y finalmente lo quitó del poder, cuando faltaban apenas unos meses para las elecciones. Un Congreso, hay que insistir en ello, que está atravesado en todos los sentidos por acusaciones graves de corrupción. A Vizcarra se le destituyó por presuntos actos de corrupción cometidos no en la presidencia, sino cuando fue gobernador en un estado del sur del país, hace años. Se lo acusó de recibir sobornos, pero la destitución, que ya había sido planteada hace unos meses, se ejecutó sin exhibir más pruebas que los dichos de los denunciantes.
La supuesta lucha contra la corrupción está acabando con los políticos de derecha, centro e izquierda y, paradójicamente deja en el poder, cada vez más, a personajes sin preparación, demagogos o manejados por populistas de cualquier tendencia. No en vano, con una gobernabilidad por los suelos, Perú es el país que peor ha afrontado la pandemia de covid en toda América latina, acompañado en esa triste lista por Brasil y Ecuador, todos aquejados del mismo mal de destrucción política a causa de la judicialización de la misma.
La administración de López Obrador y sus seguidores están más que tentados a seguir ese camino, y si comienzan a recorrerlo también lo seguirán sus adversarios. Las consecuencias, como vemos en Perú, en Brasil y en Ecuador, terminan siendo terribles para todos, pero sobre todo para el país.
La enorme diferencia en la forma en que se han tratado, por ejemplo, los casos de Rosario Robles y Emilio Lozoya no puede más que desconcertar. Rosario sigue en la cárcel y se le acumulan procesos mientras que a Emilio se lo ha dejado en libertad, aunque está comprobado que cometió delitos graves, sólo bajo la promesa de que delatará a otros cómplices. A Rosario se la detuvo porque supuestamente dio un domicilio diferente al que tenía en una licencia de conducir, pero a Emilio, quienes lo han demandado, no le pueden entregar la denuncia correspondiente porque nadie sabe dónde reside: algunos dicen que en un barco en Los Cabos, otros que en su residencia en Lomas de Bezares, otros que protegido en un centro turístico. Se supone que está bajo prisión domiciliaria. Pero hoy resulta imposible de encontrar.
No sé si la exsecretaria de Cultura María Cristina García Cepeda, una mujer respetada en ese ámbito, cometió irregularidades al dar apoyos presupuestales para convertir el abandonado Antiguo Palacio del Márquez del Apartado en el Museo de Museos, un proyecto similar al que han impulsado muchos otros países. Tampoco sé si las acusaciones contra Manuel Bartlett por sus casas o los contratos para empresas de sus hijos, las presentadas por contratos en el IMSS o las que se presentaron contra Jesús Seade por el manejo de sus viáticos, están plenamente sustentadas, pero mientras las autoridades son inflexibles con unos, son indulgentes y hasta condecora, a otros.
Por supuesto que debe lucharse contra la corrupción, pero ese objetivo se lastima cuando se usan criterios distintos y se castiga al adversario y se protege al amigo. Y es peor cuando la justicia se usa para dirimir conflictos que en realidad se deben solventar en el terreno de la lucha política.
