Ciudad de México – En los últimos días, Izzi, uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones en México, ha estado en el ojo de la tormenta debido a las crecientes quejas de sus clientes relacionadas con lo que muchos consideran retenciones forzosas.
La controversia se centra en la política de retención de clientes que supuestamente está utilizando Izzi. Algunos usuarios afirman que la compañía les impide cancelar sus servicios a pesar de haber solicitado la baja, y los obliga a cumplir plazos contractuales que consideran injustos.
Elizabeth Juárez , una residente de la Ciudad de México, relata su experiencia: «Hace seis meses, decidí cambiar de proveedor de televisión por cable debido a problemas con el servicio de Izzi. Llamé para cancelar mi contrato, pero me dijeron que tenía que esperar hasta el final del plazo de 12 meses que acordamos. No puedo creer que esté atrapada en un servicio que no quiero más tiempo».
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el organismo regulador del sector en México, está siguiendo de cerca esta situación. En un comunicado reciente, el IFT declaró que «todas las empresas de telecomunicaciones tienen la responsabilidad de respetar los derechos de los consumidores y no deben retener a los usuarios en contra de su voluntad».
Izzi, por su parte, ha emitido un comunicado oficial en el que defiende su política de retención. La compañía argumenta que «los plazos contractuales son necesarios para mantener la estabilidad de los ingresos y la inversión en infraestructura, lo que a su vez permite ofrecer servicios de alta calidad a los clientes a precios asequibles».
Sin embargo, el debate sobre la retención de clientes a plazos forzosos en Izzi continúa creciendo. Organizaciones de consumidores y abogados se están involucrando en el asunto, y se espera que se presenten demandas legales en el futuro cercano.
Mientras tanto, los usuarios afectados están buscando formas de abordar este problema, desde presentar quejas ante el IFT hasta compartir sus experiencias en redes sociales. La transparencia y la regulación en el sector de las telecomunicaciones serán clave para determinar el resultado de esta polémica, y los consumidores esperan que se respeten sus derechos a elegir libremente a su proveedor de servicios
