El conjunto parlamentario del PRI impulsa su propia reforma eléctrica, por medio de la cual busca que la energía eléctrica sea considerada como derecho humano de las y los mexicanos.
La iniciativa del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, preserva fundamentalmente la idea presidencial en sus términos, al implantar que la rectoría del sistema eléctrico queda al mando de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la explotación del litio como facultad única del Estado.
“El sistema eléctrico mexicano está en un rato determinante. Los pendientes de la última reforma en la materia desarrollada en 2013, han creado retos para su seguridad, al tiempo que la coyuntura social y política demanda cambios relevantes en su integración”, muestra la iniciativa en su exposición de motivos.
El plan de reforma constitucional instituye que “el Estado garantizará la energía eléctrica como un derecho humano de las y los mexicanos y impulsará el abasto de la misma bajo los criterios de igualdad social, productividad y sustentabilidad”.
En el artículo 27 de la carta magna, se añade que tratándose de minerales radiactivos, litio y demás minerales considerados estratégicos para la País, no se otorgarán concesiones.
“Corresponde a la país el control del sistema eléctrico nacional consistente en crear, crear, cambiar, repartir y surtir de energía eléctrica para asegurar el derecho humano a la electricidad”, sostiene el escrito que ya ha sido publicado en la gaceta parlamentaria.
Además ordena al Estado liderar los procesos de transición energética y usar de forma sostenible cada una de las fuentes de energía que dispone la país.
“El Estado va a poder conceder concesiones o contratos con particulares continuamente que se trátate de energías limpias, sostenibles que atientan al derecho de un medio ambiente sano y permitan asegurar el derecho humano a la energía”, muestra la idea.
Además recomienda cambiar el artículo 28 para entablar que no constituirán monopolios las funcionalidades que el Estado ejerza de forma única en las próximas superficies estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos, litio y demás minerales estratégicos; y generación de energía nuclear; el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y repartición de energía eléctrica. En la idea se previene que la Comisión Federal de Electricidad, como organización provechosa del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, “será responsable del Sistema Eléctrico Nacional, y liderará la ejecución de la Transición Energética en temas de electricidad”.
Además se añade que el servicio público de abasto de energía eléctrica “será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad, la que va a poder conseguir energía eléctrica del sector privado”.
