El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio su sexto y último informe sobre el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos», desaparecidos en septiembre de 2014, y manifestó que el ocultamiento de información por parte de las autoridades, tanto políticas como de seguridad, ha impedido conocer la verdad de los hechos y es imposible continuar su trabajo ante la “insistencia en negar cosas que son obvias».
En conferencia en el Centro Cultural Tlatelolco, Ángela María Buitrago y Carlos Beristain, integrantes del GIEI, acusaron que las autoridades, sobre todo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ocultaron información, en tanto, se supo que también hubo participación de otras personas y de la Marina, las cuales no estaban consideradas por su probable relación con la desaparición de los normalistas.
Registro de comunicaciones de personas sin identificar
Ángela María Buitrago comentó que habría otras personas no identificadas que mantuvieron comunicación con las autoridades, por lo que se ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue este vínculo.
Carlos Beristain señaló que el Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional (Cisen), ha ocultado su participación en detenciones e interrogatorios como parte de las investigaciones, además de que en las indagatorias, los militares «han dado varias declaraciones y han ido cambiando».
Los integrantes del GIEI solicitaron a la FGR que requiera a la Sedena la entrega de los informes técnicos con los que cuenta, dependencia de la que dijeron ha negado la existencia de las unidades militares que recabaron la información sobre los sucesos del 27 y 28 de septiembre de 2014 y fechas posteriores, y cuyos militares “han ido adecuando a sus declaraciones”.
Incluso, de acuerdo con lo reportado por el informe del GIEI, se tomó conocimiento de que hubo un seguimiento completo de las actividades de los normalistas.
Carlos Beristain aseveró que el Cisen realizó un puntual seguimiento de los normalistas y que hubo un agente de este organismo en el lugar donde desapareció uno estudiante en la ciudad de Iguala.
“Un testigo protegido identificó a un agente del Cisen por su nombre y su teléfono…El Cisen ha ocultado detenciones e interrogatorios” en los que participó.
Ambos dejaron claro que tras el análisis de redes de comunicación y de documentos oficiales encontrados hasta el día de hoy, demuestran que los jóvenes no tenían nexos con el crimen organizado, y que algunos militares y policías municipales sí estaban coludidos con la delincuencia.
Acusan que Sedena oculta información
Beristain comentó que además la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sigue ocultando información que pudiera ser clave para conocer las acciones que se ejecutaron el día de los hechos por parte del personal castrense.
«Se sigue mintiendo sobre la ausencia de información en Sedena sobre el posible destino de los estudiantes», expresó al señalar inconsistencias en lo que la dependencia ha referido respecto a los hechos.
Corrupción y narcotráfico
Ángela Buitrago indicó que la Sedena ha negado la existencia del Centro de Fusión de Inteligencia (CFDI) del cual se han localizado 16 documentos y de otras unidades que contienen la información en tiempo real de lo que ocurrió en Iguala del 26 de septiembre hasta octubre del mismo año.
No obstante, al pedir detalles de estos, la Sedena respondió que no hay más información, pero el GIEI, dijo, tiene conocimiento de que la información de dichos archivos existen y fueron movidos a otro lugar.
«A raíz de que cada documento tiene identificación, hemos pedido que nos identifiquen quiénes hicieron esos monitoreos técnicos y Sedena dijo que es imposible»
Los expertos acusaron que los actos de corrupción por parte de las autoridades con integrantes del crimen organizado, son clave para explicar la desaparición de los normalistas.
Marina, detrás de operativos que dejaron dos muertos
Carlos Beristain comentó que la Secretaría de Marina (Semar) aseguró que sólo participó en el aseguramiento de lugares para hacer diligencias, sin embargo, con la nueva información se supo que personal de la dependencia «intervino de forma ilegal el área del Río San Juan».
Personal de la Marina, acusó, detuvo y torturó a varios detenidos para integrar la denominada verdad histórica, aquella que presentó en su momento Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República.
“Los miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y en base a esa tortura se hizo la llamada versión histórica junto con Seido y la PGR.
“Tuvimos información que, realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado con un grupo especial de inteligencia del que no hemos conocido casi nada, llevando a cabo detenciones y torturas en el que hemos identificado el resultado de muerte de dos personas. Dos personas murieron en esos operativos no se sabe quiénes son… solamente tenemos una fotografía”, aseguró Beristain.
Además recordó que las personas detenidas por su presunta relación en los hechos, fueron aprehendidas por delitos como delincuencia organizada, portación de armas, pero no por el delito de desaparición forzada. En marzo, el GIEI denunció que el Ejército no sólo negó la existencia de información que podría revelar “el rumbo que tomaron” los 43 normalistas sino que ocultó deliberadamente estos documentos de la noche de Iguala.
En conferencia, al presentar su quinto informe de labores, los especialistas designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, se refirieron en particular a documentos —de los que incluso exhibieron partes— de una unidad de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que vigilaba la actividad del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de levantar y desaparecer a los normalistas.
