La Secretaría de la Defensa emprendió una investigación interna en 2012 que reveló que José Luis Ramón Velasco Guillén había dispuesto indebidamente de al menos 86 armas, pero el caso fue finalmente archivado
El general de brigada José Luis Ramón Velasco Guillén, quien fungió como titular de la dirección general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), traficó con armas que eran donadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En 2012, la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, la instancia encargada de supervisar, fiscalizar y evaluar al personal militar en aspectos administrativos, presupuestarios y operativos, emprendió una investigación interna que puso al descubierto que el general había dispuesto indebidamente de, al menos, 86 armas que dos coleccionistas habían cedido a la Sedena. El armamento fue resguardado en la oficina del general en vez de haber sido trasladado a la dirección de Comercialización de Armamento y Municiones. Posteriormente, Velasco Guillén se encargó de venderlo a miembros de la Sedena y a otro coleccionista privado que posteriormente fue vinculado por las autoridades con miembros del crimen organizado. Pese a que se detectó una falta de control, desorganización y negligencia durante su gestión, la Contraloría solo le impuso una amonestación. En el Juzgado Tercero Militar se emprendió una indagatoria por la vía penal por el delito de fraude, pero en agosto de 2014 la investigación fue archivada.
Durante la administración del general Velasco ocurrieron una serie de anomalías que fueron detectadas tardíamente por la Defensa Nacional. En un informe elaborado por una comisión inspectora y auditora del Ejército, un área que depende de la Contraloría, quedó plasmado que los jefes de las diferentes secciones que integraban la dirección general del Registro Federal de Armas entregaban documentación a permisionarios sin seguir el procedimiento adecuado para su registro, favoreciendo a ciertas personas y empresas. En la sección de fabricación y comercialización, por ejemplo, se expedían permisos extraordinarios para la adquisición de armas, cartuchos y accesorios aunque los solicitantes no reunieran los requisitos exigidos. “Algunos peticionarios manifiestan pertenecer a algún club cinegético presentando documentos que los acreditan como tal, sin embargo al verificar los informes de los clubes, resulta que no son socios por lo que se presume se expiden permisos a cambio de alguna dádiva o de orden superior”, se lee en el informe. Los militares investigadores hacían mención a una empresa que, pese haber incurrido en un excesivo número de irregularidades durante sus actividades, nunca había sido multada y su permiso jamás había sido suspendido o cancelado. “Se presume que los encargados de verificar sus reportes mensuales no informan de las anomalías que comete [la empresa] por tener algún acuerdo con el representante legal o bien por negligencia”.
Fuente: EL PAÍS
