Boletín 190/2020
Ciudad de México., Durante una videoconferencia con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, resaltó la transparencia con la que se ha regido el Gobierno de México, principalmente en el apoyo que brindan las Fuerzas Amadas a la Guardia Nacional.
El encuentro se originó para atender las dudas manifestadas por algunos de los legisladores de la Cámara Alta en virtud del Acuerdo complementario del Quinto Transitorio de la Reforma Constitucional que creó la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el pasado 11 de mayo.
Al respecto, el titular de Seguridad de nuestro país, explicó que el Acuerdo mencionado “no es un acto nuevo ni exclusivo del Ejecutivo Federal, sino un instrumento jurídico que aterriza una disposición constitucional”.
Además, dijo que eso “no implica un cambio en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ni darle más atribuciones al Ejército en esa materia; al contrario, limita a 12 las 44 facultades que, de manera general le otorga el artículo Quinto Transitorio de la reforma constitucional”.
En ese sentido, aseguró el respeto de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las atribuciones que no podrán ejercer las fuerzas armadas, mencionó a la investigación del delito, operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones privadas, recepción de denuncias, atención a víctimas, entre otras.
Enfatizó que, “únicamente se le atribuyen facultades que complementan las capacidades operativas y el uso de la fuerza legítima en el combate a la delincuencia”, incluyendo la posibilidad de actuar como primeros respondientes. Para lograr lo anterior, señaló que se les ha dado la capacitación correspondiente.
Informó, además, que la Guardia Nacional actualmente tiene un despliegue de más de 90 mil elementos en todo el territorio nacional, y que el acuerdo “no significa un abandono a la construcción de instituciones civiles, de hecho, el Gobierno de México ha reconocido la importancia elemental de las policías estatales y municipales en materia de prevención, inteligencia e investigación”.
Aclaró también que la tardanza en la emisión del Acuerdo se debió a las amplias discusiones de los equipos técnicos-jurídicos del Gobierno Federal así como a la posición de algunos jueces que aún cuestionaban las labores de las Fuerzas Armadas.
El secretario retomó el informe explicado en la conferencia matutina del 20 de mayo donde resaltó la disminución de los todos los principales delitos: robo a negocio en 20.3%, robo a transporte público individual 25.9%. El secuestro, que ya venía a la baja, volvió a disminuir en 14.13%, la incidencia delictiva federal, 33.43% menos y los homicidios 1.66%, todos en comparación con marzo de este año.
Cerró su participación con el detalle de las actividades en las que ha apoyado el Gabinete de Seguridad en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, entre las que se encuentra el despliegue de casi 51 mil elementos, sesión permanente del Gabinete, coordinación diaria con las mesas estatales, investigación permanente de las convocatorias a saqueos, fortalecimiento de la comunicación con el sector empresarial, estado de alerta y medidas permanentes en el Sistema Penitenciario Federal y los sistemas estatales.
