El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) calificó como preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados «pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal», luego dela denuncia que presentó el diputado Sergio Gutiérrez. En un comunicado, el órgano electoral refirió que el Consejo General es la máxima autoridad de la institución, y que fue por mayoría que aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de revocación de mandato.
Señaló que en un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, aunque pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, «por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida». En ese sentido, el INE subrayó que serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda «y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones». «Por ello es muy preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado. Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen». Destacó que, por encima de las diferentes posiciones que se han adoptado, los consejeros electorales del INE «rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión». En el posicionamiento institucional, el INE explicó que en un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos. El boletín oficial está suscrito por los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez.
