La Fiscalía General de la República (FGR) eleva la apuesta en el caso Odebrecht y ahora busca imputar el delito de delincuencia organizada al ex presidente Enrique Peña Nieto, así como a 16 actores políticos más como Luis Videgaray y Ricardo Anaya, entre otros, quienes fueron denunciados por Emilio Lozoya como parte de la trama de sobornos de la constructora brasileña.
Hasta el momento, el Ministerio Público de la Federación sólo ha acusado a los involucrados en este caso de los delitos de: lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, tal como ocurrió con el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, el ex director de Pemex, Carlos Treviño, y el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, únicos imputados a la fecha por la denuncia de Lozoya.
Pero ahora, y ante los nulos resultados en más de un año de indagatoria, la FGR de Alejandro Gertz Manero recurre a uno de los delitos más graves que implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 años de prisión.
El pasado 2 de septiembre, la Unidad de Investigación a cargo de este caso emitió un acuerdo en el que remitió a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada la carpeta de investigación FED/SEIDF /CGI-CDMX/0000865/2020, iniciada por la denuncia de Lozoya realizada en agosto del año pasado.
“Esta Representación Social de la Federación considera que los hechos investigados podrían constituir alguno de los delitos de delincuencia organizada competencia de esa Fiscalía Especializada”, detalla el documento del que MILENIO tiene copia.
Un día después, a través del oficio UIL-B-CGI-175/2021, dicha Fiscalía Especializada a cargo de Alfredo Higuera Bernal, integró dicha carpeta de investigación.
Destaca que en estos documentos se señalan en particular al ex presidente Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, contra quien ya intentaron obtener una orden de aprehensión el año pasado, pero un juez federal rechazó concederla.
También se señalan los nombres del ex senador panista Jorge Luis Lavalle, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, el todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, así como los ex senadores Ernesto Cordero Arroyo, David Penchyna Grub “y otros”.
En ambos documentos, el Ministerio Público de la Federación hace una relatoría de este caso, en el que los principales señalados son el ex presidente Peña Nieto y su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, “quienes a través del otrora director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, obtuvieron de la empresa brasileña Odebrecht recursos”.
De acuerdo con la FGR, dichos recursos fueron utilizados, entre otras cosas, para financiar la campaña electoral del entonces candidato del PRI para los comicios presidenciales del año 2012, así como para entregar sobornos a legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado, con la finalidad de que éstos emitieran su voto a favor de la reforma Constitucional en materia Energética y Leyes Secundarias, para así poder entregar el petróleo mexicano y los recursos de la nación a empresas y a intereses extranjeros, principalmente a la empresa brasileña Odebrecht, así como otorgar contratos a favor de dicha empresa a través de Petróleos Mexicanos.
“Todas esas conductas se realizaban bajo las instrucciones que daban, tanto Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso y que eran operadas al interior de la paraestatal Petróleos Mexicanos, valiéndose del personal que laboraba en dicha empresa como lo era Emilio Lozoya Austin, director general, su secretario particular Rodrigo Arteaga Santoyo, su coordinador administrativo, Francisco Olascoaga Rodríguez, así como el personal de confianza del propio Emilio Lozoya Austin”.
La Fiscalía General de la República sustenta estos señalamientos en diversos actos de investigación, “consistentes en entrevistas del personal que laboraron en Petróleos Mexicanos, del personal que laboró en la Cámara de Senadores y de los ex funcionarios de la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht con los cuales esta Representación Social de la Federación considera que podría actualizarse la comisión de delitos que son materia de la competencia de esa Fiscalía Especializada”.
Por ello, la Unidad Investigadora a cargo del caso ordenó remitir una copia certificada de toda la carpeta de investigación al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, Alfredo Higuera Bernal, “para que conforme a sus facultades, dé inicio a lo que conforme a derecho corresponda”.
Fuente: Milenio
