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Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, jueces federales de México, concedieron nuevas suspensiones provisionales a empresas privadas para frenar la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, la cual procura fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex), defender la economía popular y combatir la corrupción en un punto de vista muy personal de Andrés Manuel López Obrador.
Los magistrados otorgaron nuevas suspensiones, además, contra el Acuerdo A/015/2021 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que busca eliminar contratos desventajosos para el estado con empresas extranjeras que dominan el sector.
De acuerdo con Gómez Fierro y De la Peza, la reforma a la Ley de Hidrocarburos le confiere a Pemex un efecto monopólico en el mercado de combustibles. Agregan que ello resulta anticonstitucional, pues limita la libre competencia.
A partir de ese razonamiento, exigen a Pemex regresar a las medidas de la reforma energética de 2014, que se concretó durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Esta ley, ya derogada, obligaba a la estatal mexicana a vender, de primera mano y con bajas tarifas, sus hidrocarburos a empresas privadas, que las revendían al consumidor con enormes márgenes de ganancias y no aportaban nada al erario público.
En meses recientes, Gómez Fierro y De la Peza otorgaron otras suspensiones que impiden que el Gobierno mexicano aplique un grupo de leyes para recuperar la soberanía económica en diversos ámbitos, como ocurre con la Ley de la Industria Eléctrica.
López Obrador declaró que su Gobierno está determinado a poner orden en el sector de los hidrocarburos. Dijo que ello permitirá “que podamos cumplir el compromiso de que no aumente el precio de gasolina, diésel y otros combustibles”.
Aseveró que las llamadas reformas estructurales de 2014 “se hicieron para favorecer a grupos de intereses” y que, con estos amparos legales, los referidos jueces protegen los privilegios y prebendas de las empresas privadas.
Por último, manifestó que el Gobierno federal acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dirimir esta controversia.
