El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó hoy el Plan integral y Calendario de la consulta popular decidir si se enjuicia o no a expresidentes de México, la cual se llevará a cabo el próximo 1 de agosto con menos presupuesto del que se esperaba.
Los integrantes del Instituto solicitaron que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los respalde en el tema de los recursos para poder llevar a cabo el ejercicio popular.
A través de un comunicado, el INE explicó entonces que, en caso de que el cálculo fuera aprobado por el Consejo General del órgano electoral, deberá ser solicitado a la Cámara de Diputados para integrarlo en el Presupuesto de Egresos del Instituto en el ejercicio 2021.
“Ni el Ejecutivo Federal ni la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de este año hicieron mención alguna sobre la Consulta Popular y, por supuesto, no dispusieron recursos para pudiera llevarse a cabo”, dijo hoy Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).
“El INE va a cumplir con sus obligaciones constitucionales en la medida de las posibilidades presupuestales que otros poderes del Estado han determinado para este Instituto”, agregó.
“Los trabajos de planeación y organización que requiere la Consulta Popular son similares a los requeridos para una elección, el INE cumplirá al pie de la letra con cada uno de los estándares técnicos y de planeación necesarios”, dijo Dania Ravel, Consejera electoral del INE.
“Con la finalidad de optimizar recursos, hemos previsto que en las mesas receptoras de la Consulta Popular se reutilicen materiales electorales de la Jornada Electoral previa y que cada una de estas mesas se integren por tres funcionarios en lugar de seis”, indicó.
El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña dijo que “es posible que dentro del Instituto podamos concebir esta Consulta Popular para repensar ciertos procesos operativos logísticos. Es evidente que estamos determinados a la forma de realizar elecciones pero en la Consulta hay margen para pensar en forma distinta”.
“Hacer una Consulta Popular no requiere sólo de la voluntad, seriedad, profesionalismo y responsabilidad de quienes laboran en el INE. Se requiere que otras instancias del Estado mexicano asuman también su responsabilidad y canalicen los recursos necesarios, dijo Ciro Murayama”, Consejero del INE.
En septiembre del mismo año, el Presidente no esperó a que los ciudadanos presentaran sus 1.8 millones de firmas recolectadas y él mismo envió un documento que preparó junto con su Consejería Jurídica para solicitar la consulta popular a los expresidentes.
Aunque en el documento insiste en que está en contra de la acción, enlistó las piedras que cargan los expresidentes de lo que él llama “periodo neoliberal” y que abarca los años 1988-2018, cuyos gobiernos fueron emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Los nombres de los hombres que gobernaron México en esos años sin duda causan agrura a más de uno; son referente de sufrimiento y coraje por la manera en cómo manejaron el poder y se llevaron en el ruedo a millones de personas, de familias completas.
Sin embargo
