Aunque el triunfo de AMLO en 2018 puso fin a los gobiernos divididos de las últimas 2 décadas, la falta de disciplina y de cohesión partidista impone retos constantes a la construcción de consensos.
Fue hasta febrero de 2020 que el Presidente López Obrador se reunió por primera vez con los ocho coordinadores parlamentarios y la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El que la reunión se hubiera celebrado hasta 14 meses después de haber arrancado el mandato de AMLO deja de ser anecdótico si consideramos, por ejemplo, que el arranque del sexenio pasado se inauguraba con un Pacto entre las tres principales fuerzas políticas de aquel entonces, a fin de poder transitar en el Legislativo una amplia agenda de reformas “estructurales”.
1997 es un punto de inflexión para el Congreso mexicano. Por primera vez México tuvo un “gobierno dividido”, concepto que aplica cuando el partido del Presidente no cuenta con la mayoría absoluta en una o ambas Cámaras. Y es que lo que era una situación más o menos recurrente en sistemas presidenciales de América Latina, para México la aparición de gobiernos divididos resultaba una verdadera excepción, que provocó la formulación de variados pronósticos, la mayoría orbitando sobre escenarios de parálisis legislativa.
Los gobiernos divididos obtenidos desde la elección federal de 1997 y hasta la de 2015, generaron estudios bien nutridos sobre la producción legislativa, la construcción de consensos y la cooperación y conflicto entre partidos al tenor de la dinámica legislativa. Sin embargo, el tsunami morenista de la elección de 2018 representa nuevamente un punto de inflexión en el sistema político mexicano. Y entre las diversas aristas trastocadas por el triunfo de López Obrador, justamente destaca la relación ente el Presidente y el Congreso.
El aspecto más evidente es que luego de dos décadas de haber tenido gobiernos divididos, la histórica elección de 2018 rompe esa tendencia. A propósito, algunos números: a la coalición Juntos Haremos Historia le fueron asignados 308 curules en la Cámara de Diputados (191 Morena, 61 PT y 56 Encuentro Social), esto es, el 62% de la LXIV Legislatura. Mientras que, en el Senado, Morena logró 55 curules, PT 6 y ES 8, es decir, el 53% de su integración total .
Un segundo aspecto a considerar es la naturaleza de esta relación entre el Presidente y el Poder Legislativo. A las veces que se ha señalado el aparente avasallamiento del Ejecutivo sobre los Poderes Legislativo e, incluso, el Judicial, le corresponden quizá el mismo número de ejemplos en que esta relación ha resultado mucho más compleja y complicada de lo que se pretende ver.
El número y profundidad de los cambios legislativos y los nombramientos alcanzados en las Cámaras, en lo que va del gobierno de López Obrador, ponen de manifiesto la importancia capital de construir consensos dentro del propio Morena, tanto o más que con los partidos de la Coalición como con los opositores. El reciente episodio de renovación de cuatro consejerías del INE y la posición de un número importante de legisladores de Morena y del PT respecto a ese proceso, reveló nuevamente un de los mayores retos para el proyecto lopezobradorista desde el espacio legislativo: mayorías inestables que demandan del mejor oficio político y liderazgo de los coordinadores.
Un tercer aspecto que destaca del binomio Congreso y AMLO es que, en lugar de disciplina partidista, lo que tenemos es una combinación novedosa para nuestro sistema político: falta de cohesión partidista en algunos temas y cierto grado de independencia de los legisladores, en cuya ecuación entran aspiraciones personales, motivaciones y cálculos políticos. Y a pesar de que esta combinación hace sin duda más complejo el proceso de toma de decisiones al interior del Congreso, también son ciertas las consecuencias positivas que podrían tener en términos de representación democrática y de responsabilidad política de nuestros representantes.
